La responsabilidad de los administradores

03/08/15
 

Con frecuencia encontramos en los medios, información de grandes escándalos corporativos, con el común denominador del mal manejo y ocultamiento de la información por parte de sus administradores, funcionarios y directivos, en días recientes incluso se informó por este medio de la renuncia del CEO de Toshiba derivada de irregularidades en la contabilidad de la empresa, de las que él y otros directivos tenían conocimiento años atrás, salvo algún acuerdo o en su caso que la investigación tome otro rumbo la historia culminará en el ejercicio de una acción de responsabilidad en contra de los administradores, pudiendo ser esta mercantil, penal o de otra índole.

Para las empresas mexicanas sin importar su tamaño no resulta un tema ajeno, la legislación mercantil mexicana al igual que la penal aterrizada a un tema criminal, prevé el ejercicio de esta acción, misma que se fundamenta principalmente en el incumplimiento de las obligaciones jurídico-corporativas de la empresa establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”) el Código de Comercio (“CCOM”) y otras leyes mercantiles, entre las que se encuentran (i) expedir los títulos accionarios o bien emitir los certificados provisionales, (ii) abrir y llevar a cabo los registros del Libro de Acciones, demás libros dispuestos en el CCOM y LGSM, (iii) Manifestarse en caso de tener algún interés personal opuesto al de la empresa, (iv) Mantener la confidencialidad de los asuntos e información de la empresa, (v) Mantener sistemas de contabilidad, control y archivo, (vi) rendir con veracidad un informe anual sobre la marcha de la empresa para la Asamblea de Accionistas, adicional a la obligación de la celebración de la Asamblea Anual de la sociedad mercantil de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, entre otras obligaciones.

Una vez que se analiza la viabilidad del ejercicio de la acción de responsabilidad, analizando factores como costos, tiempos, grados de responsabilidad etc., se deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en la LGSM, celebrando una Asamblea General de Accionistas que designe a la persona que haya de ejercitar la(s) acción(es) correspondientes, dicho acuerdo puede llevarse a cabo por quienes representen el 25% del capital social, debiéndose determinar un monto total de la responsabilidad en la demanda que se elabore con posterioridad, adicionalmente en caso de existir hechos ilícitos se puede realizar una denuncia penal en contra de él o los administradores que hayan cometido algún delito como el fraude, abuso de confianza o cualquier actividad que se encuadre en un tipo penal. Por las implicaciones anteriormente mencionadas es que se recomienda que las empresas lleven a cabo buenas prácticas corporativas tomando en cuenta principios como los que propone el Código de Mejores Prácticas Corporativas, entre los que se encuentran: (i) el trato igualitario entre los socios o accionistas, (ii) transparencia en la administración, (iii) la revelación de hechos indebidos, (iv) la identificación de riesgos, (v) la declaración de principios éticos y de responsabilidad empresarial, (vi) la responsabilidad fiduciaria de la administración, (vii) la revelación de conflictos de interés, (viii) mecanismos de control en la administración, entre otras buenas prácticas corporativas, mediante la implementación de este tipo de prácticas se blinda la empresa ante este tipo de contingencias, mismas que no se dan de un día a otro como lo sucedió en el caso anteriormente ejemplificado, si no que surgen en consecuencia de un mal manejo de forma continua que derivara en un ejercicio de responsabilidad que se pudo en su caso evitar.

En caso de que usted esté interesado en recibir asesoría especializada no dude en contactarnos, podemos ayudarle a resolver sus necesidades y las de su empresa.

Artículo de colaboración

Autores: Antonio Zapata Vera y Fernando Shelley Fiorentino

Shelley & Fiorentino Abogados

Contacto: azapata@s-f.com.mx