Con 11 meses de la administración presidencial en curso, el sector de telecomunicaciones y gobierno viven cambios importantes. Sobre todo, en términos de una transformación institucional y de la implementación de un nuevo marco normativo.
Entre la reconfiguración sectorial, destaca la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Diseñada para articular políticas de inclusión, identidad y gobierno digitales.
La ATDT inició con un presupuesto de 3 mil millones de pesos, incrementado 9.5 % a mitad de 2025. Y ha absorbido funciones y recursos de PROMTEL, la Agencia Espacial Mexicana y la CONAMER.
La extinción del IFT y la COFECE, y la posterior creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), han concentrado atribuciones en el Ejecutivo federal.
Este rediseño institucional genera un escenario de incertidumbre en el corto plazo, pues resta claridad al marco normativo, Además de generar dudas sobre la autonomía de las decisiones regulatorias.
Simultáneamente, la participación del Estado en el sector se ha expandido. La CFE se ha convertido en un actor comercial relevante.
Su involucramiento en el capital de Altán, junto con la banca de desarrollo, fortalece la capacidad gubernamental de incidir en la provisión de conectividad.
Si bien esto puede traducirse en mayor cobertura, también exige garantizar condiciones de neutralidadcompetitiva para no desalentar la participación privada.
En términos de alcance y accesibilidad, la cobertura de Altán, respaldada por el Estado, alcanzó 83.8 % de la población, equivalente a 94.1 millones de habitantes.
Además, programas como Conectividad para el Bienestar han activado 1.6 millones de líneas. Facilitando el acceso a internet y telefonía a sectores históricamente marginados.
A ello, se suman los altos costos del espectro radioeléctrico, que han propiciado licitaciones desiertas y devoluciones de frecuencias.
A la primera mitad de 2025, la recaudación por derechos de espectro alcanzó 17,816 millones de pesos, casi lo mismo que en todo 2024.
Ello, a partir de que México mantiene uno de los esquemas de espectro más caros en el comparativo internacional. Lo que ha frenado la expansión y renovación de las redes móviles.
Telecomunicaciones y gobierno: resultados del mercado
El principal resultado de la incertidumbre sectorial es la contención y los desincentivos a la inversiónsectorial.
En 2024, los concesionarios ejercieron un capital de 43.4 mil millones de pesos, 26.7 % menos que en 2023.
La inversión extranjera directa también registró una merma. De un saldo positivo de 257.9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, pasó a uno negativo de 82.1 millones en 2025.
En materia de conectividad, los avances son manifiestos. El número de internautas superó los 100 millones en 2024. Mientras que el mercado móvil llegó a 156.5 millones de líneas activas, una adopción de 120.8 % entre el total de la población.
Balance mixto y retos hacia el futuro
El balance del primer año en telecomunicaciones y gobierno es, en efecto, mixto.
Por un lado, el número de usuarios y la adopción de servicios trazan una trayectoria marcadamente al alza y los ingresos de los operadores registran un renovado dinamismo.
Por otro, persiste un recorte en la inversión por los altos costos de espectro y la indefinición regulatoria.
De cara a los próximos años, los desafíos son claros: restablecer la confianza de los inversionistas mediante un marco regulatorio certero y competitivo.
Redefinir la política de espectro con criterios menos recaudatorios y más flexibles. Garantizar condicionesde competencia equitativa y neutralidad ante la creciente participación estatal.
Así como impulsar la asequibilidad de dispositivos y servicios entre la población de menores recursos.
La administración presidencial en curso enfrenta la disyuntiva de consolidar una política digital que combine inclusión social con incentivos al capital privado. O arriesgarse a continuar con un modelo draconiano con avances de corto plazo, pero con un prolongado estancamiento estructural.
Por Ernesto Piedras, director general de The CIU