La entrega del ‘paquete económico‘ correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 se hace este mes de septiembre, dicha iniciativa considera tanto la asignación presupuestal como proyección de generación de ingresos para la Federación, esto para cumplir los objetivos de política pública, funcionamiento de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) más que un simple asiento contable, constituye la suma de recursos que se transforman en instrumentos para la promoción del crecimiento económico, desarrollo, equidad e inclusión social, a través del acceso a la tecnología y conectividad, es decir tiene impacto directo en la operación de la industria TIC.
En días recientes se dio a conocer una asignación presupuestal de 8.3 billones de pesos, esto representa un incremento anual de 11.5 % en términos reales, es decir, descontando la inflación de 8.7 % al mes de agosto. Al sector telecomunicaciones corresponde un gasto proyectado de 6.1 mil millones de pesos (mmp), una décima parte del total del presupuesto.
Aumentos reales en términos de presupuesto
Dicho monto deberá ser ejercido por instancias como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, por su parte la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional tendrá una reducción de 2.7 %.
Por su parte, la labor de promoción de competencia efectiva y administración eficiente del espectro radioeléctrico a cargo del IFT, apenas será impulsada con un presupuesto proyectado 2.6 % superior. En relación con la supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones se contempla una asignación 2.7 % menor en su comparativo real anual.
Para alcanzar el desarrollo eficiente y competitivo del sector de las TIC para extender una igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, para lograr esto se requiere además de robustecer el esfuerzo presupuestal, impulsar la labor y coordinación de las instituciones sectoriales para optimizar tanto las acciones de política pública como regulatoria en el país.