Para reducir la brecha digital, es necesario que México impulse la colaboración activa de la Iniciativa Privada (IP) en las recientemente creadas subcomisiones de Gobierno Electrónico e Interoperabilidad; Firma Electrónica Avanzada, y Seguridad de la Información. Esto con el objetivo de aprovechar mejor la experiencia, capacidades, así como el talento certificado.
La firma cuenta con las plataformas e infraestructura necesaria para consolidar los objetivos de digitalización. De hecho, nuestro país se ubica en la posición 62 en el listado de Gobierno Electrónico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto se debe al aprovechamiento del capital humano y consolidación de las plataformas digitales del país.
Cabe destacar que estas subcomisiones son parte de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información, Comunicación y de la Seguridad de la Información (CITICSI). La idea es impulsar una colaboración público-privada que permita el desarrollo de mejores prácticas y promuevan una mejor cultura de ciberseguridad con capacitación y educación.
Avances de México en el camino hacia un mejor gobierno electrónico
La posición que México tiene en dicho listado se debe a su aprovechamiento del poco capital humano con el que cuenta, así como su infraestructura digital. Adicionalmente el país ha alcanzado niveles muy altos de desarrollo electrónico mediante la mejora de la provisión de servicios y trámites en línea. Por ello, se debe hacer una mayor inversión en capital humano.
También se refleja una brecha en desarrollo y capacitación de especialistas que cubran espacios de innovación, áreas de oportunidad que pueden ser atendidas con esquemas de consultoría con aliados de ciberseguridad y profesionales certificados para la implementación correcta de este tipo de soluciones, así acelerar dichas subcomisiones.
Una de las prioridades del proveedor es analizar el panorama actual, necesidades y retos que enfrenta México en materia de Seguridad de la Información, entre los cuales destacaron: coordinación de la iniciativa privada y el sector público. Además del cumplimiento de políticas de ciberseguridad adecuadas a la realidad de nuestro país.