Actualmente, la ciberseguridad institucional en México depende en buena medida de cómo se administran y resguardan los datos. Otros aspectos clave, son los registros y las plataformas digitales dentro de las dependencias de todo el sector público local.
Con las recientes filtraciones de datos en distintas dependencias federales, este tipo de situaciones no pueden leerse como incidentes aislados. Tampoco son fallas a nivel operativo, así se evidencian áreas críticas, para mejorar estas arquitecturas digitales.
“El problema no es únicamente la magnitud de las filtraciones, sino el mensaje que transmiten. Ya que cuando la información personal se ve comprometida, el incentivo a participar en plataformas digitales del gobierno se debilita”, declaró Gonzalo Rojon, director & senior partner en The CIU.
Ya que algunas dependencias fueron vulneradas, la ciberseguridad institucional en México debe ser una prioridad estratégica del estado. Debido a que se expusieron los datos personales de millones de ciudadanos, esto puede generar diversos problemas.
También se debe tener en cuenta, que es el propio aparato de gobierno que impulsa esquemas de registro, trazabilidad e identificación. Así la entrega de información deja de percibirse como un acto cívico y empieza a verse como una apuesta de alto riesgo.
“Dentro del sector público, los incidentes de ciberseguridad se traducen en una baja adopción e información incompleta. Así como una brecha creciente entre todos los objetivos de política pública y su implementación real, algo que resulta preocupante para estas instituciones”, acotó el analista.
Es necesario consolidar una ciberseguridad institucional en México
Con este cambio de percepción, por parte de la ciudadanía se afectan las estrategias del sector público. Debido a este panorama, la ciberseguridad institucional en México también es un factor que puede generar un mayor nivel de confianza en la población.
Se debe tener en cuenta, que ningún sistema digital funciona si los propios usuarios desconfían de la forma en que se gestionan los datos. A nivel de su almacenamiento, procesamiento y protección, en el sector privado esto representa pérdida de ventas.
“Si el gobierno mexicano quiere que la ciudadanía comparta sus datos, es necesario demostrar que es capaz de protegerlos. Y si se quiere que la población participe de una manera más activa en esquemas de eGobierno debe ofrecer certidumbre, más allá de la eficiencia operativa”, dijo Rojon.
Así, mientras el sector público local avanza hacia una mayor digitalización a través del resguardo y registro de información de la ciudadanía. La ciberseguridad institucional en México es un tema pendiente, al contexto se debe agregar la gobernanza digital.
En resumen, la concentración de información sin la protección adecuada, amplifica el riesgo sistémico. Ya que un solo punto de falla puede tener consecuencias masivas y afectar a gran parte de la población, finalmente esto genera una mayor desconfianza.
“Por un lado, nuestro país avanza hacia esquemas de gobierno digital más complejos, sin embargo enfrenta el reto de fortalecer su credibilidad institucional. Eso dentro del entorno digital y resolver dicha situación, exige asumir que la ciberseguridad no es un componente accesorio”, finalizó el analista.