Desde que se dio a conocer, el proyecto de la CURP biométrica de México generó un alto nivel de expectativa pero también de incertidumbre. Esto se debe a la integración de datos confidenciales como la fotografía, huella dactilar e incluso iris, que se podrían comprometer.
En el papel, la propuesta suena atractiva para impulsar el desarrollo del gobierno digital con un documento de identidad moderno, seguro y eficiente. Que servirá para realizar trámites y acceder a ciertos servicios públicos, sin embargo debemos recordar que estamos en México.
Si bien aún no se publica ningún decreto oficial y por ahora se habla de pruebas de concepto en algunos estados del país. Así, estamos en el momento correcto para reflexionar sobre su implementación antes de su adopción, ya que es necesario contar con un marco legal claro.
Es decir, la CURP biométrica de México debe contar con el respaldo de instituciones sólidas y medidas estrictas de protección. Ya que el nivel de riesgo supera por mucho a los beneficios pues debemos tener en cuenta la inseguridad, que permanece dentro del territorio nacional.
Así el uso indebido de la información personal es un potencial riesgo, por eso desarrollar una base de datos centralizada con datos confidenciales. Ya que a diferencia de la contraseña, los datos biométricos no pueden modificarse en caso de ser expuestos en caso de una filtración.
Se debe integrar seguridad en CURP biométrica de México
Durante los últimos años, además de la CURP biométrica de México se propusieron diversas iniciativas similares, que fueron frenadas por ciertos factores. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no ofrecía certeza, en protección de datos personales.
También se debe considerar, que fue en 2009 el gobierno implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Donde las líneas se ligaron a la CURP de cada uno de los usuarios, esto bajo el argumento de mejorar la seguridad pero se canceló en el 2011.
Otro caso de referencia que refuerza dicha preocupación, es que en 2016 se filtró una base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE). De este modo, se expusó la información de 90 millones de mexicanos, en dicho delito no hubo consecuencias ni responsables sancionados.
Esto es un claro ejemplo de que no basta con tener un marco legal definido, si no existen las capacidades técnicas y la voluntad política por cumplirlas. Con este panorama, se genera un alto nivel de incertidumbre en relación con la seguridad de esta CURP biométrica de México.
Finalmente, se debe hacer énfasis en que aún no se aclara quién será el responsable de la seguridad y resguardo de la base de datos del documento. Ni cómo se va a administrar, ni bajo qué estándares tecnológicos y de protección funcionará, así que aún debemos esperar.
Por Gonzalo Rojón, director & Senior Partner en The CIU